La Unión Industrial Argentina (UIA) marcó una posición firme frente a la política del Gobierno nacional de alentar la “competencia fiscal” entre provincias y municipios como herramienta para atraer inversiones. En un seminario sobre tributación local, el presidente de la central fabril, Martín Rappallini, advirtió que esta estrategia podría derivar en una “guerra de tasas” que genera distorsiones y desalienta la producción.

“Una empresa cuando se instala en un municipio lo hace con una inversión en infraestructura y equipos por al menos 20 o 30 años. La industria no tiene rueditas para trasladarse de localidad según quién cobre menos impuestos”, subrayó Rappallini, en clara alusión a los intentos de flexibilizar la presión impositiva para captar capitales.

El debate se centra en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), uno de los tributos más cuestionados por el sector privado. Aunque presentada como una tasa vinculada a servicios de inspección, en la práctica se calcula como un porcentaje sobre la facturación bruta de las empresas, lo que la convierte en un impuesto encubierto.

Un relevamiento de la UIA sobre 67 empresas asociadas mostró que estas enfrentan 495 pagos distintos de tasas en 346 locaciones. Según el informe, la TISH equivale al 0,7% del PBI y repercute directamente en los precios, sumando en promedio un 1,8% al costo final de los alimentos.

La situación se agrava por los fallos judiciales que han convalidado su aplicación. La Corte bonaerense, por ejemplo, avaló en 2021 la decisión del municipio de Quilmes de cobrarle la TISH a Exxon por sus estaciones de servicio. Este antecedente generó un precedente que consolidó el esquema de doble imposición con Ingresos Brutos, un rasgo que coloca a la Argentina como excepción dentro del G20 y de Sudamérica, donde casi no existen gravámenes municipales sobre ingresos brutos.

Debate político y empresarial: entre autonomía y coordinación

El seminario contó también con la participación de intendentes como Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y José Luis Walser (Colón). Valenzuela defendió la existencia de la TISH, aunque planteó que debe tener “una alícuota razonable” y consideró válido que los municipios compitan por inversiones, siempre dentro de un marco de previsibilidad tributaria de largo plazo.

Desde el sector académico, Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, fue tajante: “La Corte Suprema provincial perdió la oportunidad de fijar un criterio claro de que las tasas deben calcularse sobre los costos del servicio y no sobre los ingresos totales”. Según advirtió, la falta de definiciones nítidas deja al país atrapado en un sistema de altísima presión tributaria con “límites difusos” en materia legal.

La UIA, por su parte, volvió a reclamar consensos entre los tres niveles del Estado para coordinar el diseño y la aplicación de tributos, evitando superposiciones y distorsiones. “Lo que necesitamos es estabilidad jurídica y un esquema impositivo que no nos haga competir por el costo fiscal, sino por la calidad de la producción”, enfatizó Rappallini.

El rechazo a la competencia fiscal refleja una tensión estructural: mientras el Gobierno nacional impulsa la descentralización tributaria como forma de dinamizar la inversión, la industria teme que esta fragmentación derive en un encarecimiento sistémico.

En términos políticos, el debate pone en evidencia la necesidad de una reforma integral del esquema tributario argentino, que hoy concentra presión en impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y la TISH, al tiempo que exhibe una fragmentación entre Nación, provincias y municipios que conspira contra la competitividad.

El futuro inmediato dependerá de la capacidad del Gobierno y las provincias de acordar un esquema de reglas claras. La continuidad de la TISH como está planteada no solo impacta en los costos de producción, sino también en la localización de inversiones en un país que necesita recomponer su matriz productiva.

Para los industriales, el desafío es doble: garantizar condiciones estables de radicación y, al mismo tiempo, reducir la presión impositiva en un contexto en el que la economía enfrenta problemas de competitividad, baja inversión y caída del consumo.