La 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) dejó en claro que el reclamo empresarial va mucho más allá de las medidas de alivio anunciadas recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien el sector valoró la suspensión de embargos y la agilización de reintegros para exportadores, los industriales insistieron en la necesidad de avanzar hacia una transformación estructural del sistema tributario argentino.

Dentro del denominado Pacto Fiscal Industrial Federal para la Competitividad, la entidad empresaria propuso una batería de iniciativas destinadas a reducir costos y promover inversiones. Entre ellas se destacan la exclusión de los regímenes de retención y percepción de impuestos nacionales, una alícuota única del 25% para el Impuesto a las Ganancias de sociedades, la amortización acelerada de inversiones y una estabilidad fiscal garantizada por 30 años.

El planteo también apunta a modificar la estructura tributaria provincial y municipal. La UIA propone reducir gradualmente las alícuotas de Ingresos Brutos hasta alcanzar la exención para las actividades industriales, además de revisar las tasas municipales para que guarden una relación directa con los servicios efectivamente prestados.

La competencia fiscal entre provincias gana protagonismo

Uno de los conceptos que más fuerza cobró durante el encuentro fue el de la competencia fiscal entre provincias para captar inversiones. La idea surge como respuesta a lo que el sector industrial denomina el "alto costo argentino", que continúa afectando la capacidad competitiva de las empresas.

Según datos presentados por el Departamento Tributario de la UIA, la industria argentina soporta una presión fiscal formal cercana al 56%, una de las más elevadas entre los países analizados en estudios comparativos internacionales.

En este escenario, varias provincias comenzaron a implementar mecanismos de incentivo para atraer proyectos productivos. Mendoza fue una de las primeras en reaccionar a los anuncios nacionales. A través de un proyecto de ley impulsado por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), busca ampliar las herramientas para que las pymes regularicen deudas y mejoren su situación financiera.

La iniciativa contempla la suspensión de embargos para pequeñas y medianas empresas hasta fines de 2026, planes de pago de hasta 18 cuotas para deudas impositivas y la utilización de saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar otros tributos patrimoniales. Además, prevé reducciones de multas e intereses para quienes regularicen su situación antes de finalizar el año.

Desde el sector empresario se valoró esta decisión como una señal positiva, aunque se remarcó que la verdadera competitividad requiere medidas permanentes y no solamente instrumentos para empresas en situación de mora.

Neuquén y Santa Fe muestran otros caminos

Neuquén aparece como uno de los casos más observados por el empresariado. La provincia avanzó con un esquema que contempla la eliminación de Ingresos Brutos para determinadas actividades a partir de 2028 y beneficios vinculados al consumo energético.

Desde la Asociación Industrial de Neuquén (Adineu) sostienen que parte de los recursos generados por el crecimiento económico provincial están siendo destinados a reducir impuestos, bajar costos energéticos e impulsar obras de infraestructura vial para mejorar la logística empresarial.

En Santa Fe también se aplicaron mecanismos de estímulo productivo. Allí, las empresas pueden descontar del pago de Ingresos Brutos parte de los salarios correspondientes a nuevos empleados incorporados, además de computar una porción de los costos de energía eléctrica para reducir la carga fiscal.

El debate sobre los impuestos y la informalidad

Durante la conferencia, dirigentes industriales advirtieron que algunos impuestos terminan castigando especialmente a quienes operan dentro de la economía formal.

Mauricio Badaloni, miembro de la Comisión Directiva de la UIA, cuestionó particularmente el impuesto de Sellos y el efecto acumulativo de Ingresos Brutos sobre toda la cadena productiva. Según explicó, estas cargas encarecen las operaciones, afectan el acceso al financiamiento y generan incentivos para que parte de la actividad económica busque alternativas fuera de los circuitos formales.

En la misma línea, varios referentes empresariales relacionaron la política de embargos fiscales con el crecimiento de la informalidad. Argumentan que cuando una compañía ve inmovilizadas sus cuentas bancarias enfrenta serias dificultades para mantener su operatoria cotidiana, lo que agrava aún más los problemas financieros.

Una agenda estructural para la industria

Los reclamos del sector incluyen además la devolución de saldos técnicos de IVA, la devolución de créditos fiscales de Ingresos Brutos, la eliminación del impuesto de Sellos sobre contratos y una revisión integral de los tributos que impactan sobre la producción.

Para Silvio Zurzolo, presidente de la 32° Conferencia Industrial, las empresas argentinas continúan enfrentando una combinación de factores que limitan el desarrollo productivo: presión tributaria, altos costos logísticos, dificultades de financiamiento, burocracia e incertidumbre regulatoria.

La preocupación también alcanza al mercado laboral. Alejandro Bestani, referente del Movimiento Nacional Pyme, sostuvo que la elevada capacidad ociosa de la industria podría revertirse mediante una reducción de los costos laborales e impositivos, complementada con reformas que favorezcan la contratación formal.

Desde la UIA consideran que el Pacto Fiscal Federal podría transformarse en una herramienta clave para recuperar competitividad, impulsar inversiones, aumentar las exportaciones y generar empleo. El desafío, sostienen, será construir consensos entre Nación, provincias y municipios para convertir estas propuestas en políticas de largo plazo capaces de dar previsibilidad al sector productivo argentino.