Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay informaron en un comunicado que "lamentan las medidas impuestas por la República Argentina que restringen la navegación por la Hidrovía Paraguay-Paraná mediante la aplicación de un impuesto unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras normas internacionales vigentes. provisiones".

Los cuatros gobiernos unidos salieron a cuestionar las desiciones unilaterales de la Argentina, cuyo gobierno opera la hidrovía y luego de que la concesión privada cesara en abril de 2021. En ese sentido señalaron que, a pesar de las objeciones presentadas Argentina continúa impulsando medidas de esta naturaleza, que, en este caso, resultaron en una orden de embargo y prohibición de salida de una barcaza. cargado y listo para zarpar, en base a la intención de cobrar dicha tarifa".

Expresaron una "especial preocupación debido a que se trata de una restricción a la libertad de tránsito de mercancías estratégicas y sensibles hacia un país firmante que ha comprometido el suministro de combustible y que podría afectar el precio de este insumo, lo que representa una medida grave que agrava la vulnerabilidad de este Estado debido a su condición de país sin litoral".

Al resaltar la importancia de aunar esfuerzos para facilitar el transporte comercial, promover el desarrollo y eficiencia de la navegación, así como la institucionalidad del sistema Hidrovía Paraguay-Paraná, los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay reiteran su pedido a la República Argentina suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte, adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito y abstenerse de aplicar otras medidas restrictivas a la navegación hasta tanto se resuelva la controversia a nivel intergubernamental del Camino acuático.