El mundo está atravesando un periodo de reorganización económica y geopolítica. El comercio mundial y las cadenas de suministro se están reestructurando, y los nuevos incentivos industriales internos en la Unión Europea, Estados Unidos y China están cambiando las reglas del juego.

Mientras tanto, la inflación mundial se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia, lo que ejerce presión sobre los recursos fiscales, especialmente en las economías en desarrollo. Dentro de los países, la desigualdad de ingresos se está acentuando, lo que plantea desafíos en materia de acceso, asequibilidad y cohesión social.

Estos cambios tienen implicaciones de gran alcance para la competitividad, el nivel de vida y las oportunidades económicas. Por lo tanto, a medida que los gobiernos y las empresas persiguen sus objetivos climáticos, el apoyo a la transición podría fluctuar en función de cómo se adapten las medidas climáticas a la realidad cotidiana y las perspectivas económicas de la población.

Como se señala en un nuevo informe publicado por el Foro Económico Mundial y McKinsey & Company, nunca ha sido tan urgente la necesidad de garantizar una transición verde que beneficie tanto a los ciudadanos como a las economías.

Superar los riesgos socioeconómicos y mantener la competitividad

Aunque sigue habiendo mucha confianza en los beneficios a largo plazo de las medidas contra el cambio climático, muchos líderes están preocupados por el aumento de los costos, la desigualdad en el acceso al capital y las deficiencias de capacidad que podrían ralentizar o sesgar los avances en este ámbito.

Basándose en las opiniones de más de 11 000 ejecutivos de 126 países que participaron en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial, el nuevo informe identifica tres obstáculos clave para la competitividad en la transición verde:

Aumento del costo de energía y materia prima: el 37% de los ejecutivos considera que esto es un obstaculo para la competitividad, porcentaje que se eleva a casi el 50% en las economías de bajos ingresos.

Incertidumbre regulatoria y cumplimiento: el 36% cita la falta de claridad o las continuas modificaciones de la normativa como un obstáculo, siendo los países de altos ingresos los más preocupados al respecto.

Baja rentabilidad de la inversión: el 32% señala los largos periodos de retorno de la inversión y la limitada financiabilidad de los proyectos.

El tema de la financiación ilustra una división especialmente marcada: en las economías de bajos ingresos, el 49% de los ejecutivos identifica el acceso limitado a la financiación verde como un obstáculo importante, más del doble que en las economías de altos ingresos, donde este porcentaje es del 23%.

La encuesta indica que las presiones sobre el costo y las diferencias en cuanto al acceso al capital y la tecnología podrían agravarse aún más.

• El 80% de los ejecutivos afirma que la desigualdad en el acceso a la financiación representa un riesgo significativo para la competitividad en al menos un sector de su país.
• El 71% destaca las diferencias en el acceso a la tecnología y know-how como una preocupación similar.
• El 51% se preocupa por el aumento de los precios en sectores clave a medida que avanza la transición, mientras que el 66% prevé efectos secundarios en la accesibilidad de los bienes y servicios para los consumidores.
• Nuestra investigación también pone de manifiesto que la existencia de sistemas de protección social más sólidos y un acceso más equitativo a los recursos y servicios se correlaciona con una menor preocupación por los efectos de la transición en los trabajadores y los consumidores.

Esto subraya las diferentes necesidades regionales de inversión a largo plazo en pilares sociales y económicos. Con ese fin, el informe presenta una nueva versión de la clasificación de los países en arquetipos de transición equitativa, desde los "exportadores de combustibles fósiles" hasta los "desarrolladores verdes".