Durante la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una serie de medidas destinadas a aliviar la carga financiera que enfrentan las empresas, en especial las pequeñas y medianas industrias que atraviesan una compleja coyuntura económica.

Entre los anuncios más destacados se encuentra la postergación de ejecuciones y embargos por parte de ARCA hasta mayo del próximo año, junto con una ampliación de los plazos para contribuyentes con deudas fiscales. La decisión fue bien recibida por el sector privado, que desde hace meses reclama herramientas para afrontar las dificultades de financiamiento y la caída de la actividad.

Otro de los puntos relevantes fue la agilización de los reintegros a las exportaciones. Actualmente, muchas empresas deben esperar entre seis y nueve meses para recuperar esos fondos, situación que impacta directamente sobre su capital de trabajo. La propuesta oficial permitirá compensar esos saldos a favor de manera más rápida a través del pago de impuestos.

Caputo también adelantó la intención del Gobierno nacional de impulsar la eliminación del impuesto de sellos en las provincias, al considerarlo un costo adicional que afecta la competitividad de las empresas y encarece numerosas operaciones comerciales. Para facilitar esa transición, la Nación estaría dispuesta a compensar con recursos equivalentes a la mitad de la recaudación que perderían las jurisdicciones que adhieran a la iniciativa.

Si bien los anuncios fueron valorados por el empresariado, en los pasillos de la conferencia también predominó la percepción de que las medidas llegan en un momento crítico para muchas firmas que ya enfrentan fuertes problemas de liquidez y presión fiscal.

En ese contexto, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, expuso un panorama preocupante sobre la situación industrial. Según datos de la entidad, la actividad manufacturera volvió a registrar una caída en septiembre y acumula una contracción del 2,8% en lo que va del año respecto del mismo período de 2025. Además, señaló que algunos sectores operan entre un 15% y un 20% por debajo de los niveles alcanzados en 2022.

El dirigente industrial también alertó sobre el deterioro del empleo formal. De acuerdo con las cifras presentadas, entre agosto de 2023 y julio de 2026 se perdieron cerca de 95.000 puestos de trabajo industriales, reflejando las dificultades que enfrenta gran parte del entramado productivo nacional.

Frente a este escenario, la UIA volvió a reclamar la implementación de un Pacto Fiscal Industrial Federal para la Competitividad. La propuesta busca reducir gradualmente la carga tributaria sobre la producción, promover inversiones y acercar las condiciones de operación de las empresas argentinas a las de sus competidores regionales.

Entre las medidas planteadas por la entidad se destacan la posibilidad de computar las contribuciones patronales a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias, así como la utilización del impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta de esos mismos tributos.

Los industriales también insistieron en la necesidad de ampliar el acceso al crédito productivo, fortalecer los controles contra el contrabando y el comercio ilegal, avanzar en la modernización laboral, mejorar la infraestructura logística y profundizar la formación de recursos humanos.

La conferencia dejó en evidencia un punto de coincidencia entre el Gobierno y el sector manufacturero: la necesidad de reducir costos y mejorar la competitividad. Sin embargo, también mostró la urgencia con la que gran parte de la industria demanda medidas que permitan atravesar una transición económica cada vez más desafiante.